«Uno debería suponer de que el Estado debe destinar recursos proporcionales al impacto que tiene en la productividad esta área de la medicina, y vemos que pasa todo lo contrario», dice el Dr. Paul Vöhringer, académico de la Universidad de Chile, quien en la siguiente entrevista analiza el panorama de la Salud Mental en Chile.
Chile es el segundo país de la OCDE que más ha aumentado su tasa de suicidios durante los últimos 15 años. Además, durante la última década el suicidio ha sido una de las diez primeras causas de muerte en hombres chilenos, concentrando 19,1 por ciento de la mortalidad masculina en 2010, superando anualmente a las muertes en hombres a consecuencia del SIDA y las enfermedades cardiovasculares. Las cifras de suicidio no son un hecho aislado, Chile es un país con altas tasas de enfermedades mentales, siendo las patologías más prevalentes los trastornos de ansiedad y ánimo, además de abuso de sustancias y alcoholismo.
Y aunque las autoridades sanitarias han reconocido las consecuencias que arrastran los problemas de Salud Mental, el financiamiento para esta área no ha aumentado según los objetivos propuestos, y los planes dispuestos para hacer frente a estas patologías en la última década, no han logrado reducir las altas tasas de enfermedades mentales. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de Chile, el año 2007 el sector público destinó 2,14 por ciento del presupuesto total del área a salud mental, cifra que en 2012, llegó a 2,16 por ciento, muy debajo de 5,0 por ciento que propuso como meta el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría del Minsal para el año 2010.
“Hace poco salió un titular en la prensa diciendo que Chile era campeón mundial de la depresión. Yo diría que eso es un poco liviano de decir, pero efectivamente han surgido varios estudios que muestran que si no lo somos, estamos entre los tres primeros. Tenemos cifras en población consultante y en población general que son por lejos las más altas de Latinoamérica, y tenemos el presupuesto de salud mental más bajo de la región”, señaló Paul Vöhringer académico de nuestra Universidad e investigador clínico del Programa de Trastornos del Ánimo de Tufts Medical Center en Estados Unidos.
Para poner algunas cifras sobre la mesa el especialista comienza señalando que según la Encuesta Nacional de Salud de 2010, un 20 por ciento de los chilenos tiene sintomatología depresiva significativa. Cifra que Vöhringer califica como “enorme” y advirtiendo que, “no hay ningún país en el mundo que le compita a ese número”. A lo anterior se suma algo más preocupante, según el especialista: existen publicaciones que sugieren que ese 20 por ciento alcanzaría hasta un 40 por ciento en la población que consulta por cualquier motivo en establecimientos de atención primaria del sistema público de salud, que es donde se atiende al 70 por ciento de la población de todo el país. Algo todavía peor: en la práctica el 80 por ciento de los casos reales no son pesquisados.
-¿Cómo se explica esa falta de diagnóstico tan alta?
El problema radica esencialmente en que hoy la política se basa en el rendimiento. Entonces, un director de consultorio lo que debe tener es la mayor cantidad de prestaciones por día, ese es el indicador más importante. Y ese es un incentivo bastante perverso, porque no importa la calidad ni el tiempo que se le dedica a la prestación. Por ejemplo un colega de la atención primaria tiene en promedio entre cinco y siete minutos para poder saludar, entrevistar, examinar, diagnosticar y prescribir. O sea, es imposible que un colega detecte alguna patología de salud mental en ese tiempo.
-¿Qué consecuencias tiene el que un 80 por ciento de las personas con patologías de salud mental no estén diagnosticadas?
Tiene consecuencias tremendas. Por ejemplo, una persona que tiene una depresión no diagnosticada, produce menos de un tercio de lo que debería producir sin el cuadro anímico, tiene mucho ausentismo laboral, tiene más uso y “abuso” del sistema de salud porque consulta múltiples veces por distintas condiciones, ocupa distintos tratamientos, horas de médicos, medicamentos, sin resultados. Porque hay muchas depresiones que aparecen como cuadros de dolor, quejas somáticas y eso redunda en una disminución en la productividad en la calidad de vida, y es un gasto de recursos que no tiene ningún retorno. El peor gasto para un país es no pesquisar ni tratar oportunamente todos los casos existentes. Además, todas estas condiciones si uno demora más en tratarlas tienen peor pronóstico, tienden más a la cronicidad y a la reincidencia.
-¿Cómo se explican los costos asociados que tienen las patologías de salud mental para la sociedad?
Ya hace un tiempo las organizaciones internacionales, la OMS y otras, han estado buscando la forma de medir el impacto que tienen estas patologías sobre la población y la capacidad de las personas de hacer cosas. Ahí aparece una medición que se llama «Años de Vida Saludable Ajustados por Discapacidad» (AVISA), que mide el impacto en la productividad y en la salud general de las personas respecto a estas patologías que no matan, sino que producen sobrecarga en el sistema de salud y en la sociedad como tal. En esa medición, las patologías neuropsiquiátricas son las que por lejos producen más discapacidad y más deterioro en la productividad de las sociedades, y específicamente en la sociedad chilena es lejos la que arrastra más impacto social, más que las cardiovasculares, más que los cánceres. Entonces, uno debería suponer de que el Estado destinara recursos proporcionales al impacto en la productividad que tiene esta área de la medicina, y lo que vemos, es que pasa todo lo contrario.
-De las 80 patologías que actualmente cubre AUGE/GES, cuatro corresponden a patologías neuropsiquiátricas, ¿cómo se debería avanzar en términos de AUGE en este ámbito?
Se debería hacer una evaluación real del impacto y de la efectividad que el AUGE está teniendo. El AUGE ha sido una política pública en salud con relativo éxito, pero ha tenido muy poca evaluación post implementación. No sabemos bien cómo está funcionando. La investigación que hicimos sugiere en una primera mirada que todo este dinero y toda esta política tiene menos impacto del que se cree porque no se están pesquisando los casos, entonces, antes de seguir incorporando patologías hay que ver bien qué es lo que está pasando con lo que hay. El Estado está gastando recursos muy importantes y no sabemos bien cuál es su resultado real.
-En general se habla mucho del gasto estatal en salud mental, pero en el caso de la salud privada las isapres y seguros casi no tienen cobertura en esta área, ¿qué pasa en este sentido?
El 2008 en EE.UU. se hizo la Ley de Paridad, que señalaba que todos los seguros privados de salud debían decidir cuánto cubrían las enfermedades ya fueran mentales o corporales, por igual. Es decir, si yo cubría 80 por ciento una enfermedad, la cubría ya fuera una depresión o una neumonía. Y eso ocurrió porque las patologías mentales, al igual como ocurre acá, eran mucho menos cubiertas que las patologías corporales. Acá yo no he visto a ningún político hablando que la discriminación no es solo con las mujeres, los usuarios con preexistencia, sino con la patología mental en sí, porque si uno hoy mira las coberturas de los planes, en promedio cubren de dos a seis consultas anuales en salud mental. Eso no alcanza absolutamente para nada. Tenemos que regular este sistema en términos de que las prestaciones en salud mental debieran ser a lo menos equiparables a las prestaciones corporales. No hay nada respecto a eso, no hay una agenda, nadie lo habla, ningún político que si quiera mencione la salud mental es el área de la medicina que produce mayor sobrecarga y mayor pérdida de productividad para el país.
Fuente: Universidad de Chile
