La decisión fue anunciada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, tras reunirse con la Agrupación Familiares Angustiados (AFA), acompañados del senador PS Juan Pablo Letelier. En el encuentro también estuvo la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez.
Las indicaciones solicitadas por el parlamentario buscan proteger a aquellas familias que sufren los efectos producidos por un familiar afectado por la drogadicción o alcoholismo.
“No hay forma de garantizar a una familia que tiene un pariente adicto que éste reciba tratamiento. El consumo de drogas es una pandemia que está destruyendo a miles de familias en nuestro país. Hoy no existe forma de lograr internar a un familiar enfermo ni garantizar que esa persona se someta a un tratamiento”, expresó Letelier.
Cabe recordar que en la comuna de San Fernando, en la Sexta Región, Mario González Matus, integrante fundador de la AFA, protagonizó hasta este viernes una huelga de hambre debido a la ausencia de opciones de tratamiento efectivo para su hijo, el que padece trastornos severos de conducta a raíz del consumo de drogas. Dicha huelga fue depuesta por González –tras 38 días- ante el anuncio del Gobierno.
“La movilización sigue. La huelga fue sólo un mecanismo. Pero la movilización sigue a través de la creación de la AFA en cada una de las ciudades que tenga el problema de la droga en su barrio. La adicción a las drogas es una enfermedad y como tal debe ser tratada. La familia debe tener la potestad de someter a tratamiento a un familiar adicto”, manifestó González tras la reunión.
“Tomando conocimiento de este problema y dada su extensión en un conjunto importante de la población, indicaremos el proyecto que hoy se encuentra en el Senado”, informó el ministro De la Fuente.
La iniciativa legal busca generar opciones para que las familias puedan acreditar con denuncias y constancias policiales este tipo de situaciones, de forma que quienes sufran de adicción sean considerados “pacientes con enfermedad mental” y sujetos a la ley.
El proyecto también establece que sea la Corte de Apelaciones respectiva la que determine la internación psiquiátrica temporal involuntaria de estas personas con el objetivo de recibir un tratamiento médico en régimen cerrado.
Fuente: La Nación
