El Informe, que se elabora cada año, indica que “no pretende realizar un examen exhaustivo de en qué medida el Estado chileno cumple o no la totalidad de las obligaciones internacionales de derechos humanos, sino que tiene como propósito informar y analizar en profundidad, desde esa óptica, aspectos de nuestra vida social que consideremos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad, teniendo además en consideración las experticias existentes dentro de la Facultad de Derecho de la UDP”.
“Su vocación, desde su inicio, ha sido presentar, desde una perspectiva académica, sobre la base de un trabajo de investigación racionalmente fundado, una realidad social bajo la óptica de los derechos humanos, de modo que pueda ser fácilmente accesible para la comunidad nacional a la cual está dirigido”, indica en su presentación este documento.
En el Informe 2013 se abordó una temática novedosa, al menos en Chile: la Salud Mental como derecho humano. Este año, profundizando esta línea, las investigadoras Elisa Ansoleaga y Ester Valenzuela, en su capítulo titulado “Derecho a la Salud Mental: La infancia olvidada”, estudian cómo el Estado cumple sus obligaciones en esta materia particular. Para ello, el capítulo examina la situación relacionada con el estado de Salud Mental de niños, niñas y adolescentes chilenos/as, analizando la oferta de programas públicos y las posibilidades de acceso a la promoción y a la atención en Salud Mental.
Los resultados son dramáticos y se constata la presencia de importantes inequidades sociales, que, mediante procesos de discriminación, impiden el acceso oportuno, equitativo y de calidad, vulnerando con ello los derechos de niños, niñas y adolescentes. De esta forma, se afirma, el Estado está en deuda con un derecho que es fundamental para el desarrollo y ejercicio de otros derechos. A fin de remediar lo anterior, se recomienda, entre otras cosas, destinar más recursos para la prevención, promoción y atención en Salud Mental infanto juvenil de acuerdo con las características del sistema de salud del país y las necesidades de la infancia, evitando la discriminación social que hoy atraviesa la provisión de este servicio; elaborar una ley de protección integral de derechos de la infancia que incorpore dentro de su normativa la Salud Mental de niños, niñas y adolescentes; y elaborar una política nacional de Salud Mental infanto-juvenil que establezca los recursos y mecanismos.
Para leer el capítulo dedicado a la Salud Mental, pueden hacerlo ingresando a http://www.derechoshumanos.udp.cl y si quieren descargar el informe completo, hagan click aquí
